La formación de un empleado público especializado en las tareas de gestión jurídica-administrativa y financiera es básica. Las exigencias constitucionales de eficacia y servicio a los intereses generales demandan, junto a la descentralización estatal, unas Administraciones modernas, ágiles, que faciliten el acceso a los servicios públicos, y ejercicio de los derechos a los ciudadanos. Sobre todo conociendo bien los procedimientos y actuaciones administrativas; buscando la vocación de servicio público y compromiso ético, con un conocimiento adecuado de las políticas públicas de gestión. Debiendo incorporar, por ello, un concomiendo suficiente, pero ajustado y adecuado, de técnicas o conocimientos extrajurídicos de apoyo a las tareas públicas (informática, contabilidad, economía, sociología, etc.).
