En centros de atención primaria, secundaria y terciaria, con personas con discapacidad o déficits físicos, sensoriales, cognitivos y/o psicosociales o en riesgo de padecerlas.
En centros de salud mental, con personas con discapacidad o déficit psicosomático.
En centros de rehabilitación física, con personas con déficit físico.
En hospitales y centros de día, residencia de personas mayores, con personas con déficit físico, sensorial, cognitivo y/o psicosocial.
En centros de personas mayores, en riesgo de padecer cualquier tipo de discapacidad.
En centros de educación especial y de integración, en equipos de atención temprana, así como en centros de educación reglada, con niños con déficit físico, sensorial, cognitivo y/o psicosocial.
En asociaciones, grupos de ayuda, de familiares de personas con déficit o discapacidad.
En centros de ayudas técnicas y ortopédicas.